
El contrato concedido a la compañía SLSCO, con sede en Galveston, Texas, consiste en la construcción de un sistema de diques de hormigón armado y barreras (postes de acero de 5.5 metros de altura) en las ciudades fronterizas de Álamo, Donna, Weslaco, Progreso y Mercedes, en el condado de Hidalgo, sobre la rivera norte del río Bravo.
La construcción de ambos proyectos, que incluirá tecnología de detección, iluminación, videovigilancia y una ruta de patrullaje paralela al muro, está programada para comenzar en febrero de 2019.
La medida ha provocado la reacción de grupos ecologistas, que han interpuesto al menos tres demandas contra el gobierno de Donald Trump, señalando que ignora decenas de leyes ambientales por acelerar la construcción de vallas en la frontera, asegurando que el gobierno federalcarece de autoridad para anular leyes que protegen el aire limpio, el agua, las tierras públicas y la vida silvestre en las zonas fronterizas.