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Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de
ustedes Diputadas y Diputados que integran esta Comisión de Justicia de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Por instrucciones del Ciudadano Gobernador,
Licenciado Manuel Velasco Coello, acudo nuevamente ante esta Honorable
Soberanía, para cumplir con lo establecido en el artículo cuarenta y ocho de la
Constitución Política del Estado de Chiapas, y veinticinco de la Ley Orgánica
de la Administración Pública; a efecto de rendir la glosa del Segundo Informe
de Gobierno presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, en relación al
estado que guardan las actividades de cada una de las áreas que integran el
Instituto que honrosamente dirijo.
La presente administración se ha
caracterizado por ser un gobierno responsable, incluyente y profesional, en el
que todas y cada una de las Dependencias y Entidades que lo integran, se han
regido bajo esas premisas; en ese sentido, a través de esta comparecencia, daré
a conocer algunas de las acciones y los logros alcanzados en nuestro segundo
año de gestión.
Tomando en consideración las
atribuciones que por ministerio de ley han sido asignadas al Instituto de la
Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, durante este año hemos fortalecido
las funciones de asistencia y orientación legal; así también hemos revisado y
elaborado proyectos de iniciativas de leyes y decretos que el Ejecutivo del
Estado ha promovido ante este Honorable Congreso; además se han elaborado,
revisado y validado diversos proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y
demás instrumentos jurídicos y administrativos que son sometidos al refrendo del
Gobernador del Estado.
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Al respecto, resulta
importante destacar que la actuación de todas y cada una de las áreas que
integran a este Instituto, está normada por lo establecido en la legislación
vigente en la Entidad, y en lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo
Chiapas 2013-2018, por lo que
nuestra labor encuentra su directriz en los valores, necesidades,
aspiraciones y demandas de la sociedad, fomentando en todo momento la protección, respeto y garantía de los
derechos de las personas.
Atendiendo a la prioridad de esta administración para que, el marco jurídico
que regula el desempeño del Estado se encuentre en constante modernización, a
efecto de armonizarlas a las necesidades de los chiapanecos, la Subconsejería
Jurídica Normativa, durante el primer semestre del año, realizó diversas
actualizaciones a instrumentos jurídicos, dentro de las cuales se destacan las
siguientes:
·
Se realizó la
armonización de diversa normatividad estatal, con el fin de adecuarlas a lo
establecido en la Legislación Federal.
·
Se adicionó el
párrafo segundo al artículo 78 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas, a efecto de facultar a la Secretaría General de Gobierno para que
valide los proyectos sociales a ejecutarse en el Estado, por los órganos
públicos que integran la Administración Pública Estatal.
·
Se reformó el
artículo 241 del Código Penal para el Estado de Chiapas, incrementando
la penalidad para el delito de abuso sexual, incluyéndolo en el catálogo de
delitos graves.
·
Se emitió el acuerdo por el
cual se crearon los Comités Bienestar en el Estado de Chiapas, como un
mecanismo de participación de la sociedad chiapaneca que atienda las demandas
sociales en la entidad, garantizando
el acceso organizado de la población a los proyectos y programas que emita el
Gobierno del Estado.
·
Se adicionó la fracción IV-B
al artículo 27, así como también el artículo 31-B, a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, instituyéndose así la Secretaría
de Protección Civil, encargada de coordinar, planear y supervisar el Sistema
Estatal de Protección Civil.
·
Se rediseñó la Ley de
Protección Civil, a efecto de establecer el Comité Estatal de Emergencias y
Desastres, como el mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de
emergencias y desastres ocasionados por agentes perturbadores que ponen en
riesgo la población, bienes y entorno.
Así, al mes de octubre de dos mil catorce, se
han realizado setecientas sesenta y ocho acciones para la actualización de
instrumentos jurídicos, lo que representa el noventa y uno punto ochenta y seis
por ciento de la meta anual fijada; acciones que, sumadas con las realizadas en
dos mil trece, dan un total de mil seiscientas noventa y cuatro acciones, lo que
simboliza el treinta y tres punto setenta y tres por ciento de la meta sexenal.
La conformación de un estado
sensible a los requerimientos sociales, es sin duda uno de los compromisos de
mayor relevancia para la actual administración; por ello a través de la Dirección
del Abogado del Pueblo, se promueve la orientación, patrocinio y asistencia
jurídica gratuita a particulares y a grupos en situación de vulnerabilidad, en
asuntos del orden familiar, civil y penal, por conducto de abogados debidamente
capacitados y sensibilizados en derechos humanos y equidad de género, otorgando
hasta el día de hoy un total de diez mil doscientas
cuarenta y nueve asesorías legales, fortalecidas con atención psicológica a las
personas que lo requirieron.
Resulta importante destacar que, dentro
de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad atendidos por la Dirección
del Abogado del Pueblo, se encuentran los adultos mayores, cuyas condiciones de
vida son especialmente difíciles, tomando en consideración que sus
oportunidades de trabajo y actividad social se encuentran disminuidas; ante tal
escenario se ha diseñado un mecanismo de atención especial a nuestros adultos
mayores que oscilan entre los sesenta y cinco y ochenta y cinco años de edad;
con estas acciones se han atendido a mil ochocientos cincuenta y siete adultos
mayores.
Con los servicios que presta la Dirección del
Abogado del Pueblo, se garantiza
el respeto a los derechos de todos los ciudadanos sin distinciones de raza,
edad, sexo, capacidades, condiciones sociales o económicas, idioma o religión, en
la búsqueda permanente de justicia y equidad social.
El Registro Civil es la institución registral
más antigua y prestigiada en México y América Latina, cuya función primordial
es garantizar el derecho a la identidad y la certeza jurídica en los actos
relacionados al estado civil de las personas, entre otras.
El derecho a la identidad se encuentra
consagrado en diversos tratados internacionales, en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la propia del Estado; sin embargo,
aún existen problemáticas para llevar a cabo el registro universal y oportuno
de las niñas, los niños y los adolescentes chiapanecos, la orografía, la
precariedad de vías de
comunicación y el difícil acceso al transporte público, se traduce en
dificultades en el tiempo y costo de los procedimientos ante las oficinas del
Registro Civil, en especial de aquellas familias que se encuentran en áreas
remotas, rurales o aisladas, en ocasiones en municipios o comunidades indígenas,
lo que representa un obstáculo para el acceso a los diversos programas sociales
implementados a su favor.
Para las
familias en situación de pobreza, el costo en tiempo y dinero que representa el
registro de nacimiento, constituye un elemento que dificulta la inscripción de
sus hijos a las escuelas primarias, generando rezago social y educativo.
En mérito de lo
anterior,
este año, en coadyuvancia con el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia
en México (Unicef), el Consejo Consultivo y la Red por los Derechos de la
Infancia en México, propusimos diez medidas con características estratégicas
para la defensa del derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes,
a fin de cumplir a cabalidad con los principios establecidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño.
En ese tenor, con el apoyo incondicional de
la Unicef, desarrollamos acciones específicas para fortalecer e incrementar el
registro de nacimiento oportuno entre la población rural e indígena de Chiapas,
instituyendo programas como la “Campaña
de Registro de Nacimiento”, dirigida a la población menor de dieciocho años,
realizada durante el mes de Abril y en la que los registros de nacimiento de
menores de un año fueron gratuitos, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos cincuenta y seis y cincuenta y siete del Código Civil para el
Estado de Chiapas.
Es importante destacar, que dicha campaña se llevó
a cabo en coordinación con el Sistema DIF Estatal, institución que gestionó ante
la Secretaría de Hacienda del Estado, la exención de los pagos de derechos por
este concepto. En esta campaña se efectuaron un total de treinta y siete mil
doscientos ocho registros, beneficiando a dieciocho mil cuatrocientas seis
niñas y dieciocho mil ochocientos dos niños.
En complemento a nuestro objetivo, se
fortalecieron las capacidades para el incremento del registro de nacimiento
oportuno entre la población rural e indígena de Chiapas, instruyendo a los
trabajadores de salud, parteras y Oficiales del Registro Civil del sector
salud. Como resultado de estas acciones, obtuvimos importantes avances en los
registros de nacimiento, alcanzando un total de ciento cuarenta y siete mil
cuatrocientos ochenta y un registros de nacimiento, de los cuales ciento
cuarenta y un mil ciento veinticuatro fueron menores de dieciocho años. Así,
hemos abonado al logro de los objetivos del esfuerzo institucional denominado “Diez por la Infancia”, beneficiando a
la niñez de nuestra Entidad, y garantizando con ello derechos fundamentales
tales como la identidad, la salud, la educación y la seguridad, entre otros.
De igual forma, y con la convicción de proporcionar la identidad y seguridad jurídica a
los ciudadanos, mediante las doscientas doce oficialías
distribuidas en el Estado, realizamos un total de doscientos cinco mil
quinientos cuarenta y ocho registros de nacimiento, de los cuales noventa y dos
mil treinta y cinco fueron registros de menores de un año, en los que se
expidió el acta en forma gratuita; cuarenta y nueve mil ochenta y nueve a
menores de dieciocho años, seis mil trescientos cincuenta y siete a mayores de
dieciocho años; cincuenta y ocho mil sesenta y siete registros de otros actos
del estado civil, entre los que se encuentran, reconocimiento de hijos,
adopción, matrimonio, divorcio, defunción, inscripción de sentencia y muerte
fetal. Además, se expidieron un millón cuarenta y ocho mil setecientas
cincuenta y nueve actas certificadas; ocho mil novecientos treinta y cuatro
resoluciones por aclaraciones de actas; y sesenta y tres mil trescientos
sesenta y tres trámites para la integración de la Clave Única de Registro de
Población.
Ahora bien, en relación a la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y con el objetivo de
eficientar los servicios que presta, hemos impulsado su modernización, a través
del uso de tecnología que mejora, simplifica y agiliza los servicios y procesos
en beneficio de los ciudadanos. Gracias a ello, a través de sus diecinueve Delegaciones ubicadas en todo
el territorio del Estado, ha realizado cuarenta y cuatro mil setecientos
veinticuatro escrituras públicas, cincuenta y cuatro mil ciento quince
certificados de libertad o gravamen y tres mil cuatrocientas noventa y un
inscripciones mercantiles, garantizando la certeza jurídica en la transmisión y
dominio de la propiedad y actos de comercio entre los particulares que lo
requieran.
La
importancia de contar con un documento que registre la descripción literal y
gráfica de la propiedad o parcela, mostrando su ubicación y localización,
garantizando y asegurando a los ciudadanos sus derechos con respecto a tercero,
se ve reflejada en la actuación de la Dirección de Catastro Urbano y Rural, encargada del censo estadístico en el
que figuran las propiedades rústicas y urbanas del Estado de Chiapas, de donde
se obtienen los datos relativos al cálculo puntual de los impuestos prediales o
inmobiliarios.
Por
ello, con relación al reconocimiento del patrimonio de inmuebles de propiedad
privada, incorporamos dieciséis mil quinientos cincuenta y nueve predios al
Padrón Catastral, bajo el concepto de altas por subdivisión, nuevos
levantamientos y localidades, compra-venta y constitución de fraccionamientos y
condominios, lo que permitió potenciar la capacidad de recaudación en materia
de impuestos inmobiliarios, procesando y consolidando la
información catastral actualizada, tomándola como base para lograr una mayor
recaudación de contribuciones con apego a los principios de proporcionalidad y
equidad fiscal.
Adicionalmente,
se firmaron un total de ochenta y tres convenios de colaboración para la
prestación de servicios catastrales con igual número de municipios, con la
finalidad de intercambiar y compartir información que facilite su labor
recaudatoria por concepto de contribuciones derivadas de la propiedad
inmobiliaria de manera proporcional y equitativa; además, se emitieron trece
mil seiscientos ochenta y dos cédulas-avalúo, vía internet, generadas por los peritos
valuadores registrados.
En
lo referente a la Dirección del Archivo General y Notarías en el Estado, tomando
en consideración que es una institución pública especializada en la información
documental, bibliográfica y notarial del Estado de Chiapas, responsable de la
guarda y custodia del acervo histórico y notarial; con
el fin de garantizar la calidad y certeza jurídica de los servicios y actos
notariales que brindan estas instituciones, se han realizado, a octubre del
presente año, cuarenta y dos inspecciones ordinarias a diversas notarías
públicas de las ciento noventa y cinco con las que actualmente cuenta el Estado
Asimismo, en cumplimiento a la Ley del Notariado para el Estado de
Chiapas, coadyuvamos con la tarea de impartición de justicia civil, emitiendo
seis mil cuatrocientos noventa y cinco avisos locales de testamento y brindamos
asesoría jurídica a seis mil treinta y nueve usuarios del servicio notarial.
Señoras y
señores Diputados:
Refrendo el compromiso hecho por el
licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado, para consolidar al
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal como una institución profesional,
moderna, eficaz, con rostro humano y que otorgue un servicio enfocado siempre a
favor de los intereses de las personas que habitan y transitan en esta Entidad,
sumando esfuerzos desde el ámbito de nuestra competencia.
Así, a dos
años del inicio de mi gestión al frente del Instituto de la Consejería Jurídica
y de Asistencia Legal, se ha demostrado que con el esfuerzo y cooperación de
profesionistas destacados y comprometidos con el desarrollo del Estado, podemos
lograr resultados extraordinarios alrededor de un objetivo común: Chiapas.
Finalmente, dejo
a esta Comisión de Justicia de la Sexagésima Quinta Legislatura, cuenta de los
resultados obtenidos en el actuar del Instituto de la Consejería Jurídica y
Asistencia Legal a mi cargo. Quedando a sus órdenes para atender a sus
preguntas.
Muchas Gracias.
