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MÉXICO, D.F., octubre 30 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, insistió de nuevo en la desaparición de las 2 mil 22 policías municipales al presentar un diagnóstico sobre estas corporaciones, a las que consideró en su mayoría como "rebasadas para desempeñar sus tareas" frente a la sofisticación y poderío de la delincuencia y el crimen organizado en México.
"Integrar las policías municipales a las estatales permitiría nueve mejoras y que van desde la calidad de vida de los mexicanos mediante el combate a delitos de mayor frecuencia e impacto en la ciudadanía, como son robo, secuestro, extorsión y homicidio.
"Consolidar las corporaciones municipales en 32 cuerpos estatales, facilitaría la coordinación operativa, control de función policial, seguimiento, evaluación de resultados y compartir información en el combate al delito, en función de dar mayor atención a los delitos del fuero común para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos", propuso el funcionario durante los trabajos de la Segunda Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.
Destacó la dispersión de los elementos municipales -más de la mitad de las corporaciones de ese tipo cuenta con menos de 20 elementos-, que el 70% de los policías tienen menos del tercer grado de secundaria, que más de 50% superan 35 años de edad y que son blanco fácil para la corrupción al percibir 61% de ellos un ingreso máximo de 4 mil pesos mensuales.
De acuerdo con la propuesta de García Luna, integrar las policías municipales a las estatales permitiría nueve mejoras, que van desde la calidad de vida de los mexicanos mediante el combate a los delitos de mayor frecuencia e impacto en la ciudadanía, como son robo, secuestro, extorsión y homicidio.
De igual forma, frenaría la evolución criminal en todo el país, optimizaría la aplicación de los recursos públicos en seguridad, mejoraría el perfil de los elementos y fortalecería la capacidad de las policías a nivel local para enfrentar a la delincuencia, impulsaría la coordinación entre corporaciones para una eficaz protección ciudadana y combate al crimen, estandarizaría salarios acordes a la función para evitar que el crimen organizado coopte a los elementos, entre otros.
