Ada Iveth Morales
Altamirano, Chiapas.- Un grupo de líderes sociales tojolabales buscan
la desestabilización del municipio de Altamirano y bajo presión exigen el retiro de la orden de
aprehensión 261/2013 suscrita en Juzgado Penal del Distrito Judicial en Tuxtla
Gutiérrez.
Y para presionar que les retiren la denuncia
penal 55/INE/B9/2013 de acuerdo a los hechos suscitados el pasado 17 de octubre
del 2013 por el saqueo de computadoras, muebles de oficinas, documentos
oficiales como quemas del Ayuntamiento de Altamirano y un cajero propiedad del banco
Santander que fue abierto para extraer todo el dinero, así como el robo a TELECOM este
grupo de líderes tojolabales amenazaron causar desmanes durante las
festividades del grito de Independencia.
Para evitar otro hecho
violento como el del pasado 17 de octubre del 2013, autoridades de Gobierno del
estado, Procuraduría General de Justicia
del estado (PGJE) y Ayuntamiento establecen mesas de acuerdo.
Durante las negociaciones
los líderes tojolabales encabezados por José
Domingo Espinoza López, Emilio López Gómez, Carmelino Morales Espinoza, Pedro
García Espinoza y Cristóbal Pérez expusieron que se desistan las autoridades de
Chiapas de la acción penal en su contra.
Es que este grupo de líderes
fueron identificados como los autores intelectuales de los actos vandálicos
de las protestas hechas por los
maestros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la sección
7 en el municipio de Altamirano.
Tras estas responsabilidades iniciadas en la denuncia
55/INE/B9/2013, este grupo de líderes tojolabales solicitan este desistimiento y que continúe con la pavimentación de caminos de
la Ranchería el Nantze-Nueva Virginia del tramo Nantze-Puerto Rico.
Enfatizando que de esta
solicitud de caminos se deprende otro movimiento desestabilizador con la
retención de funcionarios estatales, municipales y un policía en el mes de
enero de este 2014.
Ante esta exigencia sectores
del municipio de Altamirano rechazan el chantaje de estos líderes tojolabales como la insistencia del ex alcalde, Heidi Pino Escobar
por apoyar estos movimientos en vez de contribuir con el desarrollo de la
localidad que es rehén de personas que participan en actos violentos y que piden
ser perdonados por la ley.