Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – En tres acciones, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Policía Municipal lograron la detención de personas relacionadas con el delito de homicidio y portación de arma de fuego en las regiones Soconusco, Valla Zoque y Metropolitana.
En atención al reporte ciudadano sobre personas escandalizando en vía pública, elementos en mención se trasladaron a la avenida 8ª Norte y 5ª calle Poniente, a la altura del parque de las Etnias, en donde sorprendieron a José Daniel “N” de 34 años de edad.
Al ingresar sus datos al Sistema Plataforma México, detectaron que al parecer se encuentran relacionado con el homicidio de una persona del sexo masculino, el pasado mes de marzo del presente año, sobre la 6ª y 8ª Sur del municipio de Tapachula.
En una segunda acción realizada en el municipio de Cintalapa, en apoyo al Fiscal del Ministerio Público, elementos estatales y municipales dieron cumplimiento a una orden de aprehensión bajo el expediente número 960/2016 en contra de Isabel “N” de 41 años de edad, por el delito de homicidio de una mujer en la colonia Albores Guillen en el año 2016.
Finalmente, las acciones de seguridad y vigilancia para inhibir la comisión de hechos delictuosos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez permitieron la detención de Patricio “N” de 24 años de edad, sobre la 3ª calle oriente y 4ª Norte, quien al notar la presencia policial mostro una actitud evasiva e intento darse a la fuga.
Al practicar una inspección de persona, de acuerdo al artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les aseguró un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros sin cartuchos, de la cual no presentó el permiso correspondiente expedido por la Secretaría de Defensa Nacional para la legal portación.
La responsable participación de la sociedad en materia de seguridad y la coordinación en los trabajos de prevención de las policías, permitió que las personas, que tienen el carácter de probables responsables, se encuentre bajo la jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público quien determinará en el plazo constitucional su situación jurídica.
Mientras tanto, se realizó la cadena de custodia respectiva del objeto del delito, como lo marcan los protocolos nacionales de actuación de primer respondiente.
Lo anterior se realizó con total respeto a los derechos humanos, tal como lo establecen los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
