* Puesto que con su actitud inhibe el buen funcionamiento de los programas, contraviniendo la buena voluntad del Gobierno.
Ada Iveth Morales
Comitán, Chiapas.- Continúa en la región III fronteriza la serie de denuncias contra la delegada en Comitán, Gabriela Meza Valenzuela, por parte de beneficiarios de proyectos productivos y de personal que ha laborado en la Unidad Operativa Regional del Servicio Nacional de Empleo Chiapas (UORSNE), por la manera arbitraria y prepotente en que se desenvuelve la funcionaria.
Esta denuncia narra uno de tantos episodios de maltrato y acoso laboral, ha llegado a esta redacción, cuyo firmante pidió mantener el anonimato para no ser sujeto de represalias, aborda la experiencia de haber sido prácticamente corrida como instructora de cursos de corte y confección, aún cuando los resultados de su desempeño siempre fueron positivos.
Todo empezó cuando la agraviada asistió a una reunión de trabajo a las oficinas de la delegación de Comitán, donde se le estaba explicando a los presentes las nuevas modalidades del programa de capacitación. Su sorpresa no fue menor cuando su interés por el mismo le hizo realizar preguntas para aclarar sus dudas al respecto, lo que desató en la delegada la ira que de por si la distingue, diciéndole que con sus preguntas la hacían “quedar mal” con las autoridades de Tuxtla Gutiérrez.
Aseguran que ahí no terminó el altercado entre la denunciante y la iracunda delegada, ya que la afectada acudió a las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo Chiapas para levantar una denuncia por el acoso laboral del que estaba siendo objeto.
La reacción por la denuncia no se hizo esperar ya que Gabriela Meza le negó el acceso a los programas de esta dependencia y por supuesto a continuar impartiendo los cursos de su especialidad, ya que la funcionaria, se dijo “ser la única responsable de los programas y que en Tuxtla nadie tenía nada que ver”.
Sin duda alguna y ante el testimonio de esta persona, los denunciantes piden la intervención de las autoridades para detener a esta persona, que de forma grosera y altanera trata a la ciudadanía, puesto que con su actitud inhibe el buen funcionamiento de los programas, contraviniendo la buena voluntad del Gobierno.
